Los últimos años del franquismo se caracterizaron por la división interna entre quieres eran partidarios de cierta liberalización política, los llamados aperturistas (Fraga, Areilza, Calvo Sotelo, etc.), y los inmovilistas (el “bunker”), que defendían el mantenimiento del franquismo sin cambio alguno. Con el deseo de garantizar esta continuidad Franco, octogenario y enfermo, renunció a las funciones de presidente de gobierno y nombró para este cargo al almirante Luis Carrero Blanco en 1973, que sería asesinato por ETA seis meses después. Su sucesor, Carlos Arias Navarro, aunque presentó un programa de gobierno teóricamente aperturista, adoptó una política claramente inmovilista.
Desde 1973, con el gobierno de Arias Navarro, se incrementó la actividad de la oposición y la represión para combatirla. El régimen, que se sabe débil, recurrirá a la persecución judicial, como el Proceso 1001 contra líderes de Comisiones Obreras, o a la aplicación de la pena de muerte, como ya habían hecho con el comunista Julián Grimau en 1963, y repetirían en la ejecución del anarquista catalán Salvador Puig Antich en 1974 y en el Proceso de Burgos contra terroristas de ETA y el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, grupo surgido en 1973), cinco de los cuales serían ejecutados en septiembre de 1975 en medio de las protestas internacionales.
La oposición creciente a un régimen anacrónico y en el que no se vislumbraban intenciones de cambio – pese al terrorismo, la crisis económica, las condenas y el aislamiento internacional- se organizó a partir de la Junta Democrática, liderada por el Partido Comunista, y la Plataforma de Convergencia Democrática, bajo dirección del PSOE. Ambas actuaron conjuntamente a partir de octubre de 1975 (por lo que se les conoció popularmente como la “Platajunta”) en la defensa de la ruptura democrática con el franquismo. Ese decir, concebían la transición, a la muerte del dictador, como un proceso llevado a cabo por la oposición que, formando un gobierno provisional, decretaría una amnistía política, legalizaría a partidos y sindicatos y reconocería los derechos individuales y colectivos básicos, como medidas previas a la convocatoria de elecciones libres. El nuevo sistema político, monarquía o la república, debía ser elegido por los ciudadanos en referéndum.
A pesar del respaldo social que la oposición fue recabando, el franquismo solo moriría con el propio dictador y el sistema democrático no fue fruto de una ruptura, sino de un proceso pactado entre la oposición y los herederos del franquismo que llevaría, durante la Transición, al establecimiento de la democracia.
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