La Dictadura de Primo de Rivera. Ánalisis de documentos

MANIFIESTO DE PRIMO DE RIVERA A LA NACIÓN

Con el presente manifiesto, publicado en La Vanguardia de Barcelona en septiembre de 1923, Miguel Primo de Rivera, Capitán General de Cataluña, hace público y justifica el golpe de Estado que él mismo protagoniza. Dirigido al país, paro también al Ejército, del que reclama el protagonismo para salvar a la patria, se apoya en la crisis del sistema de la Restauración para justificar la ruptura del orden constitucional: la inestabilidad gubernamental, las responsabilidades en la Guerra de Marruecos, la crisis del parlamentarismo y los problemas de orden público. Hace a los políticos responsables de esta crisis, cuyo origen sitúa en el 98, mientras que el Rey y el Ejército se consideran ajenos a toda responsabilidad. Éste último está llamado a “salvar a la Patria”, aunque para ello deba romper la legalidad vigente (la Constitución de 1876). El “clamor” general contra el estado de cosas legitima el golpe de Estado a ojos de Primo de Rivera.

Hay también un breve programa de intenciones al señalar los principales problemas del país: el pistolerismo, las huelgas, las intrigas políticas y el problema marroquí. De este modo anuncia los que serán los principales objetivos: el mantenimiento del orden público, acabar con la corrupción política y solucionar el problema marroquí.

Con las críticas al turnismo y la corrupción (“tupida red de concupiscencias”, “se avienen al turno y el reparto”) pretende conectar con el regeneracionismo, del que se consideraba representante.

Muestra un gran desprecio por los políticos, además de un lenguaje simple y machista, propio de la escasa preparación política del dictador, con continuas alusiones al patriotismo y a la “hombría”.

El golpe de Estado dio paso a la dictadura militar. El Gobierno, sin presentar resistencia, presentó la dimisión y el Rey nombró a Primo de Rivera jefe de gobierno sólo dos días más tarde. Éste reunió en su persona todos los poderes, declaró el Estado de Guerra, por el que se suspendieron las garantías legales y la Constitución, disolvió el Parlamento e ilegalizó los partidos políticos. La situación de conflictividad social y política que vivía el país explica la pasividad generalizada ante el golpe de Estado, cuando no la abierta simpatía, sobre todo entre las clases favorecidas y la pequeña burguesía. Asesorado por un gabinete enteramente militar (Directorio Militar) emprendería las labores de gobierno orientadas, como ya avanzaba en este manifiesto, a controlar el orden público, reformar la administración del país (cargos públicos bajo supervisión militar) e intensificar la centralización (disolución de la Mancomunidad catalana) y resolver el problema marroquí. Este último asunto, resuelto tras el desembarco conjunto hispano-francés en Algeciras (1925) y el fin de la guerra dos años después, daría popularidad al dictador.

Su intención, según proclama inicialmente, es ocupar el poder de manera transitoria (llega a hablar de resolver los problemas en 90 días) hasta solucionar los conflictos más urgentes, pero la institucionalización de la dictadura y su permanencia en el poder se plasman en la formación de un nuevo gobierno, de carácter mixto, el Directorio Civil (1925/30) y la creación de un partido único: la Unión Patriótica. De este se extraían los representantes en la Asamblea Consultiva, remedo de un parlamento, aunque de carácter corporativo.

En lo económico, la dictadura se caracterizó por el intervencionismo y las inversiones públicas que, junto a la coyuntura favorable de los años 20, crearon un clima de prosperidad. La cara negativa vendría dada por el endeudamiento público, dejando al Estado sin fondos para afrontar la crisis de los años 30.

Esta política económica, unida a una dura represión del anarquismo y a la colaboración del PSOE, redujo la conflictividad laboral. La UGT colaboró a través de los comités paritarios, donde empresarios y trabajadores procuraban resolver sus diferencias.

No obstante, a las críticas al régimen que los intelectuales habían mantenido desde su inicio, se unieron a partir de 1928 los partidos políticos que habían sido ilegalizados. Las repercusiones del crac del 29 aumentaron el número de descontentos, incluidos muchos militares, y el dictador dimitió ante la pérdida de confianza del Rey. Aunque éste nombró nuevo gobierno con la intención de retornar al régimen parlamentario, con la dictadura va a caer la monarquía.

ALFONSO XIII CON EL DIRECTORIO MILITAR

Vemos en la fotografía al Rey, Alfonso XIII, acompañado del general Primo de Rivera y sus colaboradores. Tras el golpe militar, Primo de Rivera concentró todos los poderes: el ejecutivo, como jefe de gobierno, el legislativo al disolver las Cortes, suspender la Constitución y atribuirse la capacidad de dictar leyes, incluso se inmiscuiría en el judicial al permitirse suspender las sentencias de los tribunales. Su gobierno, realmente unipersonal, contaba con la colaboración de un grupo de generales, el Directorio, cuya misión era “asesorar” al dictador, sin tener rango de ministros. La militarización de la vida política se extendió a todos los niveles de la administración, pues recayeron en militares los gobiernos civiles y militares eran los delegados gubernativos en los ayuntamientos.

El beneplácito del rey hacia el dictador, al que se apresuró a nombrar jefe de gobierno, asumiendo así el golpe de estado y su plan de gobierno, se manifestó públicamente en las declaraciones que el monarca hizo a la prensa extranjera, en las que justificaba a Primo de Rivera dado el estado de cosas a que había llegado la Restauración. Las fotografías de Alfonso XII con el dictador y su Directorio, como en el caso, vestido de militar también él, vincularon tan estrechamente a la monarquía con la dictadura que esta última arrastró en su caída a la corona. Cuando en enero de 1930 Miguel Primo de Rivera presente su dimisión, será sustituido por el general Berenguer con el encargo regio de volver al sistema constitucional. Ni Berenguer ni, posteriormente, el almirante Aznar (la llamada irónicamente “dictablanda”) pudieron evitar el derrumbe de todo el sistema. A esas alturas, la oposición ya no respaldaba a la monarquía. El Pacto de San Sebastián de agosto de 1930, que agrupaba a representantes de los antiguos partidos dinásticos, nacionalistas, republicanos y socialistas, dio lugar a la formación de un Comité revolucionario cuyo objetivo era proclamar la república. Para restaurar el parlamentarismo se legalizaron los partidos y se convocaron elecciones, primero municipales, para iniciar el proceso sustituyendo a los ayuntamientos designados por la dictadura por otros democráticos. En realidad, las elecciones del 12 de abril de 1931 se interpretaron como una consulta popular sobre la monarquía. El triunfo de las candidaturas republicanas en las ciudades, singularmente en las más importantes, se interpretó como un rechazo al sistema monárquico. El Rey abdicó y la II República fue proclamada.